La Audiencia Nacional española accedió a extraditar a Colombia al empresario Víctor Benjamín Maldonado, de nacionalidad española y origen colombiano, para ser juzgado como uno de los presuntos cerebros de la mayor estafa financiera ocurrida en ese país, Interbolsa.

Maldonado ingresó en prisión por estos hechos el pasado marzo tras ser detenido en Madrid en virtud de una orden de arresto de la Interpol cursada por Colombia, que le acusa de ser uno de los responsables del escándalo de Interbolsa, una estafa que asciende a unos 300.000 millones de pesos y afecta a 1.027 víctimas.

En un auto conocido hoy la Sala de lo Penal de la Audiencia dio luz verde a la extradición al entender que se dan los requisitos para la entrega, pese a que el reclamado ostenta la nacionalidad española desde 2007 y que los hechos por los que se le acusa ocurrieron con posterioridad a esa fecha, entre 2008 y 2012.

Esto es así, según el tribunal, porque los perjudicados ascienden a más de mil y las compañías utilizadas y la estructura de la organización radican en Colombia.

"Por lo tanto, con independencia de que ostente la nacionalidad española desde 2007 y, por tanto, con anterioridad a los hechos, en el presente supuesto, a todas luces, no resulta adecuado a derecho la opción de la no entrega", destaca el auto.

Maldonado, que era directivo y principal accionista de un fondo "premium", captó supuestamente durante cuatro años dinero de ciudadanos de forma masiva que trasladaba después a otras empresas vinculadas con él.

El fondo "premium" tenía un contrato de corresponsalía con la sociedad Interbolsa S.A., a través de la cual se captó dinero del público de forma masiva engañando a más de 1.250 inversionistas por una suma cercana a los 350.000 millones de pesos.

Interbolsa formaba parte de un conglomerado de 23 empresas con operaciones en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Para la Audiencia española se cumplen los requisitos de los principios de doble incriminación y mínimo punitivo establecidos en el Convenio de extradición.

"Los hechos objeto de acusación en Colombia son constitutivos de los delitos de captación masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa agravada por la cuantía y concierto para delinquir", lo que en España equivale a un delito de estafa continuada, castigado en ambos países con pena superior a un año de cárcel.

La defensa del empresario solicitó también que, en caso de entrega, las autoridades españolas, solicitaran las garantías que estimen oportunas para que, de acuerdo con la legislación colombiana, dada la edad y delicado estado de salud del reclamado, de ser condenado, pudiera tener la posibilidad de una condena alternativa a la prisión.

Para la Audiencia Nacional esta petición "resulta innecesaria", ya que no tiene "la menor duda de que si la legislación colombiana regula medidas alternativas a la prisión para supuestos en los que la salud de un interno así lo requiera, le serán de aplicación sin necesidad de pedir expresamente esa garantía".

EFE